ÉTICA EMPRESARIAL Y ECONÓMICA PARA LOGRAR UNA JUSTICIA SOCIAL

Esta línea de acción busca promover la premisa de que una empresa ética, es una empresa rentable

La pobreza es una violación grave contra los derechos humanos, que parte de una situación de injusticia social.

La Justicia es dar a cada quién lo que le corresponde por derecho, por lo que el no proporcionar los medios para vivir a quiénes tienen derecho a ello es una grave injusticia estructural.

Muchos piensan que la situación de pobreza es un hecho circunstancial y fortuito, en el que es imposible identificar sus causas y sus responsables, sin embargo no es así, hay un elemento que influye en la pobreza y que sin duda tiene varios responsables perfectamente identificables.

Me refiero a la falta de Ética en el servicio público, que se expresa de manera específica en el fenómeno de la Corrupción, siendo esta situación causa directa de la pobreza que viven nuestros pueblos.

Para entender claramente esta relación directa entre Corrupción–Pobreza, y sostener que la corrupción es de manera directa un atentado contra los derechos humanos veamos un panorama de esta problemática, la OCDE[i] sostiene las siguientes consecuencias de la corrupción:

  • Distorsiona los precios, aumentándolos y dificultando el acceso de las personas a dichos satisfactores.
  • Distorsiona las condiciones del mercado, dificultando el justo y libre desarrollo de las empresas y con ello de los empleos.
  • Afecta el desarrollo económico sustentable de los países y de las empresas.
  • Desincentiva la inversión y con ello también la generación de empleos.
  • Aumenta la incertidumbre para realizar transacciones comerciales
  • Incremente los costos de operación de las empresas.

Todas estas consecuencias inciden directamente en las economías familiares, provocando estructuras de corrupción permanentes, otros datos[ii] nos dicen que las empresas gastan, en promedio 8.5% de sus ingresos para influir en la definición de las reglas del juego y 5.1% en corrupción burocrática-administrativa.

52 mil millones de pesos durante el 2004 fueron necesarios para que las empresas influyeran en la definición de nuevas leyes que favorecieran sus intereses, 210 mil millones de pesos al año es el costo de la corrupción en México[iii].

Otros análisis arroja que el 4.5 % del Producto Interno Bruto de México se va a pagos relacionados con la corrupción.[iv] Estas enormes cantidades de dinero, poco entendibles y dimensionables ya que nunca hemos ni habremos quizá de contar o tener una cantidad semejante, nos dice que cuando se habla del concepto de desigualdad, aquí es dónde se hace patente.

En un país de pobres, se gastan miles de millones de pesos en sobornos; en un país con deficiencias de salud y de educación, se dejan de construir, equipar y actualizar cientos de hospitales y escuelas; en un país con alto desempleo, se erosionan las empresas con los pagos de la corrupción; en un país con fuertes necesidades de infraestructura, estos no se realizan por falta de recursos.

Dadas estas enormes cantidades de dinero gastadas en corrupción y que dejan de ser encaminadas hacia la generación de empleos, pago de impuestos y generación de servicios de educación, de salud, de vivienda, de infraestructura nacional, nos preguntamos, ¿es acaso la razón de la pobreza la falta de recursos económicos, o es más bien la consecuencia directa del desvío de los recursos que en justicia deben devolver bienestar a la comunidad?

La respuesta es clara y hemos tratado de clarificarla, la pobreza es un atentado contra los derechos humanos que no es provocado solamente por causas fortuitas, sino por particulares y gobernantes que olvidándose del bien común, entran en el círculo de la corrupción, buscando únicamente el interés particular y provocando con ello la negación de la posibilidad de una vida digna, de calidad y con futuro.

La corrupción atenta contra el desarrollo de los pueblos, es un freno de mano en el avanzar del país, es ahora también un mal cultural, ya que se ha incrustado en nuestras costumbres, en nuestras instituciones y en nuestras relaciones sociales, hemos olvidado la confianza, la cooperación, y el bien común como determinantes del tejido social y lo hemos cambiado por el “lubricante” de la corrupción, que al parecer hace más “fáciles” las cosas, deja un “beneficio” inmediato para quienes participan pero que al final de cuentas genera miseria y desolación.

La corrupción es un cáncer que hace imposible la salvaguarda y satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a la dignidad del hombre para el libre desarrollo de su personalidad.

La Declaración Universal de los Derechos humanos defiende el derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo; sin embargo la corrupción limita y detiene a las empresas para la generación de empleo.

 Se defiende una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure al individuo, así como a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y sin embargo los altos costos de un sistema de corrupción y la distorsión en el mercado que provoca hace más complicado el otorgar salarios justos.

 El derecho a la seguridad del individuo y de su familia, a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud, el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales, se encuentran minados por una lacra histórica de decenios de latrocinios y corruptelas que hoy en día muestra en sus consecuencias su más feo rostro, cada vez más terrible y difícil de superar.

El derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y vejez expresados también en la Declaración de Derechos Humanos, de igual forma se ven limitados, ya que una vida entera de trabajo no es suficiente para pagar la corrupción de Instituciones, funcionarios y particulares que provocan la sequedad de recursos para los grupos más vulnerables.

Y es que con semejante cantidad de recursos destinados a la corrupción, es imposible el desarrollo del país, hagamos un pequeño ejercicio considerando el dato del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el costo de la corrupción de 210 mil mdp corresponde:

Al doble del presupuesto anual en educación (120,090,258,920 Educación Pública)[v]

  • 5.6 veces el presupuesto en desarrollo agropecuario (37,140,891,880 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación)
  • 7.2 veces el presupuesto anual en Salud (29,456,204,010 Salud)
  • 13 veces superior al presupuesto 2005 en Medio ambiente (16,957,604,850 Medio Ambiente)
  • 9.5 veces mayor que el presupuesto total en Desarrollo Social (22,034,419,440 Desarrollo Social)
  • 35 veces mayor que el presupuesto total de la federación en materia de Seguridad (6,919,518,690 Seguridad Pública)
  • Casi 300 veces superior que el presupuesto total de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (703,383,414 CNDH)
  • 1.4 veces mayor que el total en aportaciones a la Seguridad Social (150,679,372,070 Aportaciones en Seguridad Social)
  • Solo un 0.9% inferior a las aportaciones federales totales durante el 2005 al IMSS (233,672,572,070 IMSS)

Estos datos estremecedores nos dan la radiografía exacta de una de las principales causas de pobreza, la corrupción no es solamente un elemento más ni un simple freno al desarrollo, es un causante de miseria y desigualdad, en el que intervienen sujetos culpables que venden el derecho humano a la vida digna por el bienestar particular.

Si en realidad estos 210 mil mdp no fueran destinados a corrupción, hablaríamos de una libertad de mercado, oportunidades de desarrollo empresarial, prácticamente podríamos duplicar la capacidad de los servicios educativos de México, cubrir a la totalidad del país con servicios médicos, asegurar un desarrollo industrial y agropecuario sólido, etc.

[i]    OCDE, “Reglas Claras, Negocios Transparentes: Lineamientos de la Convención Anticorrupción de la OCDE”.

[ii]    Encuesta de Gobernabilidad y Desarrollo Empresarial (EGDE) realizada por el Centro de Estudios Estratégicos, 2002.

[iii]   Encuesta de Gobernabilidad y Desarrollo Empresarial (EGDE) realizada por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, 2005.

[iv]   Diagnóstico del Consejo de la Comunicación, 2005

[v]    Proyecto de presupuesto de egresos de la federación 2005

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